Cuando una niña, adolescente y mujer desaparece, la búsqueda debe iniciar desde el primer minuto. No es necesario que pasen 72 para dar aviso a la autoridad; si existe la sospecha de su desaparición, se debe llamar de inmediato al 911.

La noticia, reporte o denuncia puede realizarse de forma anónima, no necesita ratificarse y puede presentarse en todo momento, durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año.

• Llamada al servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 911
• Reporte ante cualquier autoridad • Denuncia ante corporaciones de Policía
• Denuncia ante el Ministerio Público

A través del Protocolo Alba, se coordina la participación efectiva de autoridades locales, estatales y federales, la sociedad y medios de comunicación para tener acciones de búsqueda más efectivas.

Se aplica en todos los casos de niñas, adolescentes o mujeres cuyo paradero o ubicación se desconoce, aun cuando no exista sospecha de crimen. Las autoridades tienen la obligación de iniciar la investigación de forma inmediata, pronta, sin prejuicios, de forma exhaustiva, coordinada, gratuita y sin obstrucciones.

Las autoridades están obligadas a iniciar la investigación de forma inmediata, pronta, diligente, sin prejuicios, con estrategias definidas, de forma proactiva, contextual, empática, exhaustiva, participativa, coordinada, gratuita y sin obstrucción.

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Cuando desafortunadamente la niña, adolescente o mujer desaparecida es localizada sin vida, el o la Agente del Ministerio Público debe reunirse con el personal correspondiente de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General, a fin de intercambiar opiniones sobre aspectos técnicos y de trato para no revictimizar a las víctimas indirectas.

La notificación a la familia debe realizarse en presencia de personal de atención integral de la instancia o dependencia atención a víctimas correspondiente, en un espacio físico que garantice la confidencialidad.

La explicación debe ser técnica y a la vez accesible, además de que se debe dar tiempo suficiente para que las víctimas indirectas puedan comprender y expresar sus dudas

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Una vez que el Ministerio Público es notificado por la autoridad correspondiente, debe establecer comunicación con la instancia de atención a víctimas, para garantizar el acompañamiento o intervención en crisis.

El personal encargado de brindar atención, de la índole que se trate, deberá dar un trato digno, de calidad y con calidez, generando un ambiente de confianza, a fin de que la niña, adolescente o mujer localizada sienta la seguridad de narrar los hechos que vivió durante el tiempo que permaneció desaparecida, a fin de que la autoridad que dirige la investigación esté en posibilidad de determinar si fue agraviada por una conducta delictiva y a su vez, dirigir la investigación para llegar al esclarecimiento de los hechos.

Se debe informar a la víctima los derechos que le asisten, designarle una persona de asesoría jurídica, identificar posibles situaciones de riesgo, disponer
de las medidas necesarias para resguardar su integridad física y emocional, brindando los servicios de atención médica y psicológica de urgencia.

Antes de notificar a quien hubiera levantado el reporte o la denuncia de la desaparición, la o el Agente del Ministerio Público y profesionales en psicología,
deben analizar si existe algún riesgo para la víctima, como señales de violencia familiar, abuso, riesgo a la seguridad o alguna otra.
Cuando sea procedente, niñas y adolescentes se entregarán a los cuidados y atenciones a quien legalmente ejerza la patria potestad o la guardia y
custodia.

Cuando existan un conflicto de intereses o no sea posible determinar quien detenta la patria potestad o tutela se designará a la Procuraduría
Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para ejercer su tutela temporal en tanto se resuelve la situación jurídica.

Cuando en la entrevista se determine que la desaparición fue motivada por un delito o que durante ésta, fue víctima de un delito, la carpeta de
investigación será remitida a la Unidad Especializada de Investigación de la Fiscalía General que corresponda.

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La búsqueda se divide en tres fases. La Fase 1 inicia con la noticia, denuncia o reporte de la desaparición, lo que activa el Protocolo ALBA y la orden del o la Agente del Ministerio Público a agentes de Investigación Criminal de realizar una investigación exhaustiva y acciones coordinadas interinstitucionales.

A partir de las 24 horas sin resultados positivos a partir del inicio de la carpeta de investigación, se da paso a la Fase 2, que abarca hasta las 72 horas de iniciada la capeta de investigación.

En esta etapa, el o la Agente del Ministerio Público debe fortalecer las líneas de búsqueda e investigación a través de diversas acciones, solicitar si es necesario colaboración a la Fiscalía General de la República en auxilio de alertas internacionales e intercambio de información con otras fiscalías estatales.

A la Comisión Nacional de Búsqueda se solicita su colaboración para verificar si se encuentra domicilios de familiares de la niña, adolescente o mujer desaparecida que residan en otros estados del país.

Durante esta Fase se solicita a las corporaciones de policía y a cualquier autoridad que haya participado en la Fase Uno, que continúen con las acciones de búsqueda hasta la culminación de la Fase Dos. Además, se realizan reuniones periódicas y seguimiento al plan de investigación, con base a la información recabada e incluyendo la que aporten las víctimas indirectas.

De igual forma, se debe informar a la familia de la víctima y a sus representantes, siempre que lo soliciten, los avances de las líneas de investigación y búsqueda.

La Fase Tres comprende las acciones de búsqueda e investigación a partir de 72 horas de iniciada la Carpeta de Investigación y hasta la localización de la niña, adolescente o mujer desaparecida.

Dentro de las acciones de la o el Agente del Ministerio Público, está revisar las acciones realizadas en las dos fases anteriores, a fin de definir estrategias de seguimiento y nuevas líneas de investigación con la información recabada.

Además de las reuniones periódicas con familiares o víctimas indirectas, la protección de vida e integridad de víctimas indirectas y testigos y actualizar el análisis de información, se ordena la obtención de muestras biológicas a partir del consentimiento informado de las víctimas indirectas.

Se da paso al procesamiento de muestras biológicas y el ingreso de los resultados del laboratorio de genética y la información, al sistema de los correspondientes bancos de perfiles genéticos para futuras consultas.

De igual forma, ordena informes periódicos de avance de investigación a las y los agentes de Investigación Criminal.

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Todas las autoridades participantes deben actuar en el marco del respeto a la dignidad, buena fe, efectividad y exhaustividad, debida diligencia; con un enfoque diferencial, especializado y humanitario, con gratitud, igualdad y no discriminación, privilegiando el interés superior de la niñez, brindando la máxima protección.

Tienen la obligación de no re victimizar, actuar con perspectiva de género, realizar la búsqueda en vida y con apego absoluto a la verdad.

De igual forma, se debe procurar que las víctimas indirectas se encuentren emocionalmente estables, confirmar que cuenten con asesoría jurídica y en pleno ejercicio de sus derechos, con explicaciones claras y comprensibles de los avances de las acciones de búsqueda e investigación, precisando los resultados obtenidos.

Si se considera necesario, se deberá ordenar a favor de víctimas y testigos, las medidas de protección establecidas por la ley.

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• El Ministerio Público ordena una investigación exhaustiva a las y los agentes de Investigación Criminal.
• Se envían los datos de la niña, adolescente o mujer desaparecida, así como de las personas sospechosas o que pudieran haber intervenido, a las autoridades en el Aeropuerto Internacional del Bajío, así como a terminales y centrales de autobuses, para que en caso de que se detecte, se reporte de inmediato.
• Se solicita a hospitales públicos y privados que informen si existen registros de ingresos por lesiones, agresiones o violencia familiar de la persona buscada. Esta solicitud se extiende a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Instituto Estatal para las Mujeres y a DIF de cada municipio.
• La solicitud de informes se extiende a estaciones migratorias, centros de reclusión o cualquier otro centro de detención, al Servicio Médico Forense y a las Fiscalías Regionales y Especializadas, así como a todas las áreas relacionadas con la procuración de justicia.

• Se emite una alerta carretera y migratoria.
• Se solicitan datos adicionales del entorno familiar, socioeconómico, laboral o académico de la niña, adolescente o mujer desaparecida.
• Se gestiona el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y en dado caso, se implementan mecanismos de asistencia jurídica internacional.
• Se hace una revisión de videograbaciones de rutas que resulten relevantes para la búsqueda, así como el uso de las herramientas tecnológicas disponibles para una búsqueda inmediata y urgente.
• Por su parte, las y los integrantes de cualquier corporación policial que tenga conocimiento del hecho, deberán de auxiliar al Agente del Ministerio Público de forma exhaustiva mediante patrullajes en carreteras y casetas de peaje, revisiones en tiendas de conveniencia, gasolineras, aeropuertos, terminales de autobuses, hoteles y moteles.

En caso de que los familiares de la niña, adolescente o mujer desaparecida, no cuenten con los recursos para trasladarse, las autoridades deben acudir al lugar donde se encuentren para brindar la atención.

Las y los agentes de Investigación Criminal deben realizar acciones urgentes para la búsqueda y acudir de manera inmediata al lugar donde ocurrió la desaparición, para determinar la situación de las víctimas, localizar testigos, objetos y datos de utilidad para la investigación, como si había una relación de violencia, referencias a algún problema sentimental, conductas o circunstancias excepcionales o inusuales previas a la desaparición, la descripción física de probables responsables, agresiones o amenazas, así como la identificación de actividades delictivas en la zona, modus operandi o patrones de desaparición de niñas, adolescentes o mujeres.

Si la niña, adolescente o mujer desaparecida portaba un teléfono celular, tableta o algún aparato electrónico al momento de su desaparición, se pedirá a los familiares datos como el número de celular e IMEI del equipo. También se solicitarán cuentas de correo electrónico y redes sociales a las que se encontraba suscrita si fuese el caso.

Con el consentimiento informado de la persona facultada para otorgarlo, podrán realizar una inspección a la habitación de la niña, adolescente o mujer desaparecida, así como del domicilio en general, su espacio de trabajo o educativo, a fin de establecer modus vivendi y su círculo cercano para las entrevistas correspondiente, medios electrónicos y de comunicación, cuadernos, objetos personales faltantes, documentos de identificación, prenda de vestir, así como verificar si se dejó algún mensaje o escrito.

Toda la información debe entregarse por escrito de manera inmediata a la o el Agente del Ministerio Público que integra el caso, para que se realicen las acciones de coordinación, búsqueda e investigación.

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La desaparición de niñas, adolescentes o mujeres requiere la actuación inmediata de las autoridades, para coordinar acciones eficaces y sin estereotipos para localizar con vida y en el menor tiempo posible, a la persona desaparecida.

Guanajuato cuenta con el Protocolo Alba, que propicia desde el primer minuto, la cooperación efectiva entre autoridades locales, estatales y federales, así como de la sociedad y medios de comunicación, a fin de tener acciones de búsqueda más efectivas.

El Protocolo se aplica en todos los casos de niñas, adolescentes o mujeres cuyo paradero o ubicación se desconoce, aun cuando no exista sospecha de crimen, dado que los instantes inmediatos a la desaparición son muy relevantes para la búsqueda e investigación.

Inicia con la llamada al 911 o reporte ante cualquier autoridad o bien, la denuncia ante las instituciones policiales, mediante aplicaciones de teléfonos inteligentes o directamente ante el Agente del Ministerio Público.

Las autoridades están obligadas a iniciar la investigación de forma inmediata, pronta, diligente, sin prejuicios, con estrategias definidas, de forma proactiva, contextual, empática, exhaustiva, participativa, coordinada, gratuita y sin obstrucción.

A la persona que presente el reporte o denuncia se le solicitará lo siguiente:

• Una fotografía reciente o su colaboración para realizar un retrato hablado.
• Datos generales como su descripción física, señas particulares, la vestimenta que usaba al momento de su desaparición y estado de salud.
• Información escolar y/o financiera, situación familiar, actividad laboral, social o afectiva.
• Usuario o perfil en redes sociales. • Documentos e información con huella dactilar.
• Datos de alguna persona a la que se identifique como probable participante en la desaparición.
• Descripción de circunstancias de tiempo, modo y lugar de la desaparición.

Con esta información, se genera la Cédula Única de Identificación para coordinar acciones de búsqueda. En caso de que no se detecte algún riesgo adicional, se solicitará consentimiento a la familia para su difusión. Asimismo, si se considera que las personas denunciantes están en riesgo, se brindarán medidas de protección a su favor.

El o la Agente del Ministerio Público debe informar a la familia el procedimiento, las fases y cómo se utilizará la información proporcionada, así como cuáles son sus derechos.

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